9 de nov. de 2010

ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA

El presente artículo desarrolla una reflexión sobre el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, los elementos que lo integran y su aplicación en Venezuela; la relación con el concepto de Estado Docente, educación y sistema educativo y de educar para la democracia verdadera a través de la construcción de una ciudadanía activa y efectiva sobre la base de una educación liberadora.

La Democracia es en sí misma y por definición un concepto incluyente. La democracia es para todos a través de la adecuada gestión del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y de la profundización de su aplicación. En una concepción menos abstracta que el Socialismo del siglo XXI para el cual, sin embargo podría constituir un excelente e indispensable puente de conexión. El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia es un concepto surgido dentro de la socialdemocracia alemana en la década de los años veinte del siglo pasado que se opone diametralmente al concepto clásico de la Democracia Liberal Burguesa decimonónica y, a lo que, en fechas más recientes, se ha dado en denominar  neoliberalismo. Constituye un concepto complejo que integra legalidad, justicia, política, sociedad y economía que parte de la intervención del Estado en todos los ámbitos para la construcción de la equidad, la inclusión, la justicia, la igualdad, la representación genuina, la participación y el protagonismo. El desarrollo cabal y profundo del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia representa la concreción de la democracia plena, con contenido, con pueblo y cargada de acciones, reales y efectivas, políticas, sociales y económicas. El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como concepto posee mayor complejidad y permanencia que los Estados Democráticos de Bienestar surgidos en algunas democracias occidentales como respuesta frente coyuntural a la gran depresión iniciada en 1929 como el Welfare State británico y francés y el New Deal norteamericano que pudiera parecer que se reedita frente a la crisis del capitalismo mundial en el momento actual. (Brewer, 1994)
 
      El Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia se concreta, por ejemplo, en la Constitución española post franquista y en la práctica en la acción de muchos Estados europeos como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, entre otros. En Venezuela la praxis del estado venezolano derivado de la constitución nacional de 1961, sin declararlo explícitamente, correspondió con un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia en una versión ineficiente, ineficaz, inacabada e incompleta; demostrado en  las importantes realizaciones de la llamada cuarta república, pero también en las carencias y aspiraciones insatisfechas que se encontraban aún cuando termina la vigencia de la constitución de 1961 y en la acción errática de algunos de sus gobiernos que por momentos hicieron retroceder las importantes conquistas logradas en diferentes ámbitos. En la Constitución Nacional de 1999 se consagra ampliamente el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia lo cual compromete toda la acción estatal en relación con esa definición.
 
      El Estado venezolano con su acción, garantiza la seguridad en sentido amplio, la legalidad, la equidad y la justicia; el respeto al ejercicio democrático permanente, la participación política, el equilibrio y complementariedad de los poderes públicos, la representatividad efectiva y la participación en general y el protagonismo popular, entendiendo que pueblo somos todos. Garantiza Educación no sólo porque tiene gran cantidad de planteles oficiales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sino porque la educación que se imparte en todos los centros es de calidad, regulada y supervisada por el Estado como Estado Docente conforme a un conjunto de principios generales dictados por él que promueven la formación de verdaderos demócratas, ciudadanos y republicanos; con énfasis especial en la democratización de la cultura. Garantiza el acceso a la salud, la recreación no sólo prestando él directamente los servicios que deben ser eficientes y de calidad sino comprometiendo la participación de los sectores privados además de los planes asistenciales especiales que se ejecutan en la actualidad. Fomenta la economía pública y privada para la generación de riqueza permanente, con niveles de ganancias razonables, que generan empleo más allá de las medidas de inamovilidad laboral, que promueven salarios justos, seguridad social y respeto absoluto para los ciudadanos como empleados, trabajadores, usuarios y consumidores. Un Estado que reconoce y garantiza al sector privado de la economía, que participa en la dinámica económica a través de empresas mixtas y que se reserva con exclusividad áreas estratégicas económicas. Que es garante de la prestación de servicios públicos óptimos para toda la población (electricidad, teléfono, agua potable, aguas tratadas, vialidad, vivienda, transporte público, etc) estrictamente regulado, supervisado y controlado por el Estado. Una acción estatal que promueve un sistema de seguridad social integral, solidario, cooperativo y participativo donde trabajadores, empleados, Estado, patronos públicos y privados participan, aportan y lo hacen viable y sostenible. Un Estado planificado y planificador que diseña verdaderas políticas públicas coherentes que describen un proyecto de país que se aspira a alcanzar, dentro del cual se redistribuye la riqueza a través de la justa y equitativa recaudación tributaria, la inversión estatal, la democratización del crédito y la ejecución de programas sociales asistenciales temporales como paliativo frente a la exclusión. Un Estado que desarrolla una acción eficaz, eficiente, decente, coherente, consistente y honesta. Con respeto absoluto por las libertades, derechos y garantías; que promueve la organización popular en diferentes niveles desde lo nacional hasta lo local y desde lo  gremial y sindical hasta lo vecinal y que asume como bandera que el marco general de país que queremos está consagrado en el texto constitucional de 1999 que a 10 años de aprobado está insuficientemente desarrollado; faltan una gran cantidad de normas jurídicas y la adecuación de muchas otras al nuevo texto constitucional. Estado que desarrolla una acción en el entendido que la delincuencia se ataca no sólo con represión sino variando las circunstancias que constituyen una verdadera máquina atroz de generar delincuentes y de generar pobreza extrema; problema que no se soluciona o no se atiende, se agrava.
 
      En fin, un Estado que dirige su acción a crear un pueblo educado, culto, instruido, sano, recreado, seguro, con trabajo, vivienda, etc. que sin lugar a dudas será un mejor ciudadano, un mejor republicano y un mejor demócrata. Una acción estatal que tranquiliza a los sectores medios de la población, pequeña burguesía mal llamada clases medias, siempre asustadas y nerviosas por la pérdida de sus dudosos beneficios y una eventual igualación hacia abajo. (Martínez de C., 2007)
 
      Cada modelo de sociedad define un modelo de Educación que reproduce sus condiciones de existencia y forma a los individuos dentro de los valores y creencias aceptados. La Educación forma ciudadanos, la pregunta sería cuál ciudadano, qué tipo de ciudadano, ciudadanos para qué. Los procesos históricos de transformación y cambio radical de una situación precedente constituyen procesos altamente complejos que afectan todos los aspectos de la vida, junto con las condiciones materiales y objetivas de existencia dentro de una sociedad se revolucionan las condiciones subjetivas a través de las creencias, valores, modos, usos, costumbres, formas de ser, de hacer, de pensar y de sentir colectivas de una sociedad.
 
      Venezuela, según la constitución nacional vigente, es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; con una Democracia participativa y protagónica a la cual corresponde una visión de país. Esta declaración es vinculante para el Estado en su acción y en función de eso el sistema educativo debe ajustarse para la construcción del nuevo republicano y de la nueva republicana, es decir de los nuevos ciudadanos. La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 2:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

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